Durante
la Transición a la democracia las Comunidades
Cristianas Populares (CCP) y
otros grupos de cristianos participaron de modo efectivo, junto a
partidos de izquierdas, sindicatos clandestinos y movimiento
ciudadano, por traer la
democracia a nuestro País,
en contraposición de la mayoría de la jerarquía eclesiástica que
apoyaba a la Dictadura de Franco. Hoy nos encontramos en un momento
semejante, sobre todo, porque los
obispos españoles se han colocado claramente en el bando de la
oposición al nuevo Gobierno del PSOE y UNDAS-PODEMOS y al lado del
PP y Ciudadanos. En
un principio, tardaron en felicitar al nuevo Presidente de gobierno,
legítimamente elegido por las Cortes y, posteriormente, el
presidente de la Conferencia episcopal, Ricardo Blázquez, pidió
“estar alerta ante esta situación crítica”; Cañizares, de
Valencia, manifestó que con el nuevo gobierno ha renacido “el
marxismo-comunismo”, por ello pide rezar a los católicos para que
no se descontrole (El Diario.es: 13-01-2020). Y el obispo de
Castellón por su parte, organiza cursos para hacer frente a las
políticas del nuevo gobierno (El Diario.es: 10-01-2020). En
definitiva, están desorientados porque prevén que el nuevo gobierno
tratará de retocar algunos puntos de los Pactos del 1979, firmados
en enero de 1979 entre la UCD y el Estado Vaticano.
Las
Comunidades Cristianas Populares, ya desde la Transición y en
numerosas ocasiones nos manifestamos
a favor de un estado verdaderamente laico y no solo aconfesional
y en contra de muchos puntos de las relaciones actuales de la Iglesia
y el Estado español. Creemos, sin embargo, que en la presente
situación, es el momento de apoyar
y exigir a
la Vicepresidenta Carmen Calvo, la encargada de las relaciones con
las confesiones religiosas la reforma
o derogación de diversos aspectos del Acuerdo Iglesia-Eatado. Entre
ellos:
La
asistencia
religiosa
en hospitales y en el Ejército desde la administración del estado;
la desaparición de la asignatura
de Religión
en la Enseñanza, sustituyéndola por una asignatura que estudie el
Hecho religioso y la Historia de las Religiones; la apuesta decidida
por la enseñanza
pública
e ir paulatinamente disminuyendo las subvenciones a la enseñanza
concertada. Y, en el aspecto económico, el pago
del IBI
por parte de la Iglesia, la eliminación de la casilla del IRPF
para financiar a la Iglesia católica, ya que, en virtud de los
mismos Acuerdos, esta debe ya financiarse con las aportaciones de sus
fieles. En cuanto a los bienes e inmuebles que posee la Iglesia,
exigimos se publique definitivamente el listado de los bienes
inmatriculados
por la misma jerarquía eclesiástica, y se establezca que el
patrimonio cultural inmobiliario que posee la Iglesia, pase a la
propiedad del Estado, aunque siga siendo utilizado por la
institución eclesiástica para el ejercicio del culto católico.
En
definitiva, las Comunidades Cristianas de Andalucía pedimos al nuevo
gobierno la aprobación de una nueva
Ley de Conciencia y de Libertad Religiosa,
en donde se especifiquen estas materias e invitamos a otros grupos
católicos y cristianos a que se sumen a nuestras peticiones.
La
Iglesia no tiene poder para tomar decisiones opuestas al Evangelio.
Jesús no pidió jamás ni dinero, ni privilegios, a Pilato o a
Herodes. Ni negoció con el Imperio su presencia en la sociedad. A
Jesús lo mataron los representantes oficiales de la religión.
Nuestra Iglesia tendrá credibilidad cuando los ciudadanos vean en
ella la reproducción del Evangelio.
Las
Comunidades Cristianas Populares de Andalucía.
3
de febrero del 2020
