Las CCP denuncian el endurecimiento de las políticas migratorias.

Frente a la nueva reforma de la LOEX
reivindican la no discriminación
y la equiparación de derechos para con las personas inmigrantes.

Las Comunidades Cristianas Populares del estado español, a través de su coordinadora estatal, quieren pronunciarse públicamente ante la puesta en marcha del debate de enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno, en un proceso que el Ejecutivo espera cerrar a finales de año, después de que el consejo de ministros, aprobara hace unas semanas el anteproyecto de reforma de una Ley de extranjería que data del año 2000 y de la que sería esta su enésima reforma.

1. Consideramos que La ley de Extranjería 4/2000 de la que partimos, ya es de por sí enormemente lesiva para los y las inmigrantes pues vulneraba gravemente sus derechos fundamentales. En ninguna de las páginas del anteproyecto de Ley se cita que uno de cada tres parados, según la Encuesta de Población Activa, es extranjero, pero sí se explicita que "la política de inmigración se vincula a la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo".

2. Creemos que, pese a la propaganda institucional del gobierno que defiende que así se va a favorecer la integración del inmigrante, de lo que se trata es de dar una vuela de tuerca más en la restricción de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes.

3. Manifestamos nuestro rechazo al citado anteproyecto ya que no solo no avanza en dotar de derechos de ciudadanía a l@s inmigrantes, sino que los restringen aún más. Es cierto que el nuevo texto mejora el primer borrador presentado en diciembre de 2008, al contemplar 4 avances significativos, pero en otros aspectos el nuevo texto es aún más limitativo de derechos que el anterior.

4. Reconocemos como avances significativos: la posibilidad excepcional de reagrupar a progenitores que no hayan cumplido aún los 65 años aunque sólo sea excepcionalmente por motivos humanitarios; la corrección del artículo 53 en el que se establecía la infracción de la solidaridad que ya públicamente denunciamos; la mejora de la regulación en cuanto a los menores no acompañados; y el nuevo procedimiento para las mujeres víctimas de violencia de género.

5. Denunciamos, no obstante, como el texto tiene mucho de represión y control y muy poco de integración, destacando un sesgo claramente restrictivo que persiste en la permanente visión utilitarista de la extranjería, sobre todo desde el punto de vista económico. No son de recibo: la nueva regulación del derecho a la educación que en el artículo 9, ya no lo reconoce a todos los extranjeros, como sí hacía anteproyecto anterior; la ampliación a los 60 días en los impresentables centros de internamiento para extranjeros; la reducción del reagrupamiento familiar a los progenitores mayores de 65 años y con un carácter de excepcionalidad cuando sea por motivos humanitarios; el mantenimiento de las sanciones para quienes empadronemos a un inmigrante en nuestro domicilio; la legalización de la expulsión de los menores no acompañados, y todo un sinfín de incoherencias que demuestran ese modelo de inmigración legal y ordenada y de lucha contra la inmigración ilegal que predomina en Europa y cuya utilidad se ha manifestado completamente ineficaz.

6. Lamentamos que tanto el PSOE como el PP mantengan posiciones políticas tan parecidas en estos temas, que seguro les llevaran a pactar el texto definitivo sin más; También sentimos con dolor que organizaciones sociales como el CES o los sindicatos que se dicen de clase, hayan avalado este texto, bajo la supuesta defensa de los derechos de los trabajadores españoles en un "contexto de crisis económica".

7. Coincidimos sin embargo gratamente con las organizaciones sociales y políticas mas comprometidas con esta causa, como APDH-A, SOS Racismo, CEAR, Forum social para la integración, redes ACOGE, … que señalan como se trata de una especie de reforma laboral encubierta dirigida a la población migrante que ya se viene produciendo "de facto" desde hace más de un año con las denegaciones para renovar el permiso de trabajo, las reducciones hasta el mínimo del catálogo de puestos de difícil cobertura, o la disminución de concesiones para la reagrupación familiar.

8. Nos sumamos a la campaña "Aquí no sobra nadie" que está respaldada por más de un centenar de colectivos sociales, y recoge la mayoría de la demandas más arriba enunciadas.

9. Exigimos la retirada de este anteproyecto, así como la apertura de un verdadero y honesto debate social y político que incluya a las organizaciones más relevantes que trabajan en este ámbito, para que podamos llegar a una nueva Ley Orgánica de integración de la ciudadanía inmigrante en España que respete los derechos humanos.

Julio de 2009

* Luis Angel Aguilar Montero,
en nombre de las Comunidades Cristianas Populares del Estado Español