Tras la aprobación por
el Congreso de los Diputados, y próximamente en el Senado, de la
Reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el privilegio que la
dictadura franquista concedió a la Iglesia católica para registrar
inmuebles como si fuera una administración pública (art. 206.1 de
la LH), pero que consiente la usurpación ya realizada de miles de
bienes de toda índole, con especial gravedad los de naturaleza
pública y pertenecientes al patrimonio cultural, arquitectónico e
histórico-artístico del Estado,
MANIFESTAMOS:
1.- La desaparición
del privilegio registral que equipara a la Iglesia Católica con el
Estado ha sido un triunfo de la ciudadanía que así lo ha venido
denunciando y exigiendo. Todos los partidos sin excepción han
reconocido que se trataba de un privilegio anacrónico e
injustificable. De lo contrario no lo habrían derogado.
2.- La desaparición
de este privilegio no significa que los miles de bienes usurpados
queden convalidados. Es decir, no dejan de ser inconstitucionales
las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica al amparo
del precepto franquista. Y, en la mayoría de los casos,
practicadas en fraude de ley y abuso de derecho al apropiarse de
bienes públicos y en muchísimos casos sin condición religiosa como
plazas, locales comerciales, viviendas, solares, caminos o monumentos
de la dimensión de la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla.
3.- Esta reforma del
Gobierno del PP, permitida con la pasividad del PSOE, ha cortado la
vía directa para que se pudiera declarar la inconstitucionalidad del
artículo 206.1 LH y solventar de una vez el problema. Eliminar
este privilegio sin resolver cómo recuperar los miles de bienes
expoliados, además de la indefensión que genera a la ciudadanía,
tiene un coste social incalculable.
4.- Agradecemos a los
grupos políticos su apoyo al recurso de inconstitucionalidad, aunque
no se haya conseguido el número necesario para su presentación:
Izquierda Unida, ICV, Compromis, Amaiur y Geroa-Bai. Quedan
retratados, por tanto, para la historia los partidos políticos que
no han querido apoyar el recurso de inconstitucionalidad, amparados
en diversas excusas y permitiendo el mayor expolio patrimonial jamás
ocurrido en España.
5.- Lamentamos la
negativa del PSOE, como partido de oposición decisivo en la
aritmética parlamentaria, a recurrir la inconstitucionalidad de la
norma pese a que ha reconocido públicamente su presunta ilegalidad.
Esta posición incomprensible podría permitir la apropiación de
miles de bienes públicos por la Iglesia y la pérdida de un
instrumento jurídico fundamental para intentar recuperarlos.
Rechazamos igualmente su propuesta de otorgar un plazo de seis meses
para conocer todos los bienes inmatriculados a través del artículo
206.1. Si existe voluntad política dicha información puede ser
facilitada en días o semanas.
6.- Ante esta
deplorable situación, nos vemos obligados a acudir en los próximos
meses a instancias europeas, donde la separación Iglesia–Estado
es una realidad política consolidada y no una ficción, y quizás
los partidos mayoritarios tengan menos ataduras confesionales y
electoralistas que en España.
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