Redes Cristianas: Editorial del mes
El
Estado español ha logrado construir en las últimas décadas un sistema
sanitario admirado en todo el mundo. En pocos lugares se cuenta con una
sanidad que, con un presupuesto tan modesto, proporcione una cobertura
prácticamente universal, unas prestaciones amplias, una medicación
accesible; una atención, en definitiva, beneficiosa para cada persona y
para la sociedad. El modelo, mejorable -todo lo es-, ha dado muestras
sobradas de eficiencia. Y quizás la prueba más evidente es que, una vez
exprimido el negocio de la vivienda, se hayan vuelto las miradas de
muchos inversores hacia la sanidad.
La doctrina del shock aplicada al modelo de salud. Bajo la
excusa de la escasez de recursos y la necesidad de recortar el gasto, se
aprueba un conjunto de normas que en otras condiciones nunca serían
aceptadas. Se presenta una serie de medidas como ineludibles y urgentes
como las únicas capaces de evitar un mal mayor. Entre ellas, la
exclusión de millares de personas, no sin antes haberlas identificado
como causantes de la hipotética ineficiencia del sistema. Esto es
precisamente lo que hace el RDL 16/2012: bajo la apariencia de
establecer “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones” oculta un cambio de modelo.
En lo sucesivo, ejercitar el derecho a la salud se supeditará a ser
persona asegurada o beneficiaria de ésta. Con ello, un sector de la
población se verá privado del acceso a un sistema que también está
contribuyendo a sostener; y este sector irá ensanchando sus contornos si
el resto de las personas, aliviadas por encontrarse aún dentro y
satisfechas con la solución propuesta, se desentienden. Porque hoy, el
desarrollo reglamentario de ese RDL excluye de la condición de
aseguradas a las personas migrantes en situación irregular, esas
presuntas culpables. Pero mañana serán muchas otras: está en manos del
Gobierno volver a esgrimir la imperiosa necesidad de controlar el
déficit para reducir el número de personas aseguradas o más bien
aseguradas por ley, pues, de lo que se trata, es de que las excluidas
paguen por la asistencia y puedan aumentar los ingresos de las
aseguradoras. Si, además, se adelgazan progresivamente los costes (a
cuyo fin también se recortan prestaciones y se aumenta la contribución
al gasto farmacéutico), la privatización de la gestión resultará aún más
atractiva a esas empresas y a otras deseosas de lanzarse sobre el
negocio sanitario.
Que las personas que en la actualidad han sido despojadas de sus
tarjetas sanitarias, o del derecho a obtenerlas, pertenezcan al sector
más vulnerable de la sociedad, no es algo que parezca importar a los
poderes públicos. Desde el pasado septiembre son miles los hombres y
mujeres que no reciben la asistencia que precisan, por más que se
asegure que en todo caso se atienden por urgencias. La pretensión de
aliviar por esta vía situaciones extremas, obviando que buena parte del
éxito de un modelo sanitario se encuentra en la prevención, no es sólo
miope. Y tampoco es del todo exacto apuntar a la irresponsabilidad de
los gobernantes. En este contexto, hablar de genocidio sanitario
consciente no constituye ninguna exageración.
La única salida con que, ante leyes como esta, cuenta una
colectividad ética, pero también cada persona consciente de su
responsabilidad individual, es negarse a cumplirlas. No colaborar con
quienes ejercen violencia sobre el conjunto de la sociedad en un
perverso intento de que asuma la injusticia como algo inevitable. Sólo
la inaplicación del RDL puede garantizar el derecho a la salud, que es
un derecho tan vinculado con el derecho a la vida –con el derecho a la
integridad física y con la dignidad– que no permite diferencias ni
matices. Y por ello, numerosos colectivos y organizaciones, como “Yo Sí
Sanidad Universal” (www.yosisanidaduniversal.net),
han iniciado diversas campañas de oposición, objeción y desobediencia
al decretazo. Médic@s y personal de administración, enfermeros y
usuarias se han unido para combatir desde diversos frentes la
inmoralidad que comporta el RDL. Asambleas de barrio, asociaciones de
migrantes, escuelas populares, parroquias y otros grupos de personas han
decidido actuar, a no participar de la injusticia. Lo intentan
acompañando a las personas excluidas en su demanda de atención, buscando
el compromiso de quienes pueden conseguir que la reciban a través del
sistema público, tal y como venía ocurriendo. Iniciativas como estas
permiten seguir creyendo que aún podemos evitar convertirnos en una
sociedad cómplice de la supremacía de la codicia sobre los ideales de
solidaridad y de garantía de los derechos sociales, que han guiado y
deben seguir guiando nuestro horizonte.
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