Las
CCP denuncian la “criminalización de la protesta pacífica” tan
propia del tardofranquismo.
El
Gobierno prepara una nueva ley de orden público, a la que llama ley
de Protección de la Seguridad Ciudadana y una nueva ley de huelga a
la que llama Ley de Servicios Mínimos, destinadas a impedir las
protestas pacíficas ciudadanas, mediante la imposición de multas
impagables de tipo gubernativo y que incluyen la creación de un
fichero de infractores por la policía. Con ello se da a la ley un
sentido policial, que parece tomado de las leyes de orden público
del tardo franquismo, que imponía multas sin control judicial, que
podían llevar a la cárcel -sin intervención de los jueces- por
“arresto substitutorio de multa”.
La
Seguridad ciudadana está ya protegida por las leyes, el código
penal y los jueces, como ocurre en los estados de derecho. La
violencia callejera, la kale borroka, la quema de contenedores, los
insultos a la policía, los cócteles molotov, las agresiones
físicas, son delitos que son castigados con penas muy graves. Hace
pocos días la Audiencia Nacional condenaba a dos años de cárcel a
los que tiraron una tarta a una alcaldesa y les condenaba no por
agresión sino por “atentado”. No se puede pedir más protección
en un estado de derecho.
La
ley de protección ciudadana que prepara el gobierno no está
destinada a evitar la violencia callejera sino a evitar la protesta
no violenta y la resistencia pacífica. Resulta sintomático que una
de las cosas que más preocupan sean las manifestaciones delante del
Congreso, que es lo que hizo Luther King en Estados Unidos, o las
sentadas pacíficas de resistencia pasiva, que es lo que hizo
repetidamente Gandhi, o las concentraciones antidesahucios, o los
abucheos a los políticos que es lo menos que puede hacer un
ciudadano en estas circunstancias.
La
ley pretende eliminar la protesta pacífica dando poderes especiales
a la policía, que puede imponer multas impagables al margen de los
jueces, a los que es imposible recurrir porque las tasas del recurso
contencioso administrativo no pueden pagarlas ni la clase pobre ni la
clase media.
Así
que los indignados, los resistentes pacíficos, los no violentos, si
quieren protestar quedan fuera del estado de derecho y pertenecen a
un estado policial, creado para ellos.
Ante
la avalancha de críticas ciudadanas a esta nueva ley, el Gobierno ha
rebajado las multas;
pero que la cuantía de algunas multas, las rebajen de
600.000 a 30.000 y de 30.000 a 1.000 euros, es un tema menor. Lo
grave jurídicamente es la creación de un cuerpo policial al margen
de los jueces para los que protestan pacíficamente. ,lo que supone
la restauración de la policía político- social,
Las
Comunidades Cristianas Populares protestamos por esta nueva
limitación de Derechos a la ciudadanía y denunciamos este estado
policial que se prepara, del que no escapan algunos jueces.
Y
es que imponer tan duras sanciones económicas (por mucho que después
las quieran abaratar) y condenar hasta con penas de cárcel tan solo
por ejercer libremente unos derechos ciudadanos como la resistencia
pasiva, la desobediencia civil, el derecho de manifestación, o la
libertad de expresión, es un abuso de poder que no debemos permitir.
No
estamos dispuestos a volver a épocas anteriores como desean estos
ministros y no vamos a consentir nuevas mentiras como la del Ministro
de Interior con la que pretende justificar este nuevo ataque a los
derechos y libertades. Porque no es verdad que
"el objetivo principal del nuevo texto legal es el de garantizar
el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos".
30
noviembre 2013
Comunidades
Cristianas Populares.
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