El papa Francisco ha reclamado
recientemente, ante la grave crisis socioeconómica que ha creado la
pandemia del Covid 19, la implantación de un salario universal para
las personas sin recursos
(https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/papa-francisco-carta-movimientos-populares-salario-universal.html
)
Nuestro gobierno, tras arduos debates,
ha ofrecido establecer para el mes de mayo un Ingreso Mínimo Vital
permanente. Con ello se adelanta a la previsión del acuerdo de
coalición, que se comprometía a implantar esa medida durante la
legislatura, en base al Proyecto de Ley que se diseñara, con las
previsiones técnico-jurídicas y económicas pertinentes, pero la
actual situación de emergencia ha obligado a anticiparlo.
Sin embargo, el Secretario General
de la CEE, Luis Argüello, ha efectuado unas declaraciones públicas
discrepando de la medida, no sabemos si actuando en representación
de la Conferencia o fruto de su propia iniciativa o ideología.
La jerarquía de
la Iglesia Católica española sigue cojeando del mismo pie. Tras los
cambios producidos en la última Asamblea general de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), creíamos que habían llegado al fin
tiempos de mayor apertura, pero parece que la resistencia a cualquier
transformación en nuestro país continúa siendo la tónica del
episcopado.
La postura de Luis Arguello resulta
de todo punto contradictoria, al reclamar una ayuda temporal como
parche para esta coyuntura, mostrando así un profundo
desconocimiento y una insensibilidad social inaceptable, pues no solo
se aparta del consejo papal, sino que contradice toda la trayectoria
de Cáritas, su organización especializada al respecto, que todavía
el pasado 7 de abril urgía al gobierno español a adoptar este
ingreso mínimo vital para dar respuesta a la emergencia social
existente
(https://www.caritas.es/noticias/1o-de-mayo-iglesia-por-el-trabajo-decente-reclama-un-ingreso-minimo-vital/)
Más aún, sabemos que Caritas viene
trabajando desde hace años, conjuntamente con otras muchas
organizaciones sociales, por una Renta Mínima garantizada suficiente
en nuestro país. Incluso muchos de esos encuentros se han realizado
en la propia sede de la entidad eclesial. Pero, sobre todo, los
informes emitidos con participación activa de Caritas, han mantenido
permanentemente esa posición de exigencia social del ingreso mínimo
garantizado en cuantía y condiciones adecuadas a las necesidades
sociales y, siempre, como un instrumento permanente para dar soporte
a esas capas de pobreza, que no remiten en nuestra sociedad, ni
siquiera en momentos de mayor bonanza económica. ¿Si sabía todo
esto el Sr. Argüello por qué dijo lo que dijo?
Es evidente que la emergencia social
que padecemos hoy requiere una salida digna y suficiente para la
ciudadanía más vulnerable. Por eso el Ingreso Mínimo Vital que se
va a aprobar es una solución fundamental para dar consistencia a las
políticas sociales públicas de nuestro país, pues será una pieza
clave estructural para la lucha contra la pobreza y la exclusión
social en este momento crítico, pero que no puede ser temporal, ya
que esa causa es endémica en nuestra sociedad, y aunque pueda variar
el contingente de afectados, su pervivencia es hoy por hoy
ineludible.
Es obvio además, que el trabajo es un
bien escaso en nuestro entorno y, más allá de que esta situación
vaya a empeorar en la coyuntura post-pandemia, ya estamos asistiendo
a una nueva fase de nuestras economías, que podríamos denominar
digital y que, en términos de empleo, se caracteriza por una
creciente sustitución de trabajadores, no cualificados y también
cualificados (con la introducción masiva de la inteligencia
artificial, robótica, big data…), lo que, para muchos expertos,
justifica aún más este tipo de medidas.
El Sr. Argüello, sin embargo,
justifica sus temores ante la medida porque pudiera disuadir de la
búsqueda de empleo. Debemos aclararle que este modelo de prestación
lleva ya muchos años experimentándose en casi todas las Comunidades
Autónomas, entendido como un doble derecho: a la prestación
económica, por un lado, y a programas o medidas de apoyo para la
incorporación social de sus beneficiarios, por otro; objetivo que
quizás no se haya cumplido a plena satisfacción pero que siempre ha
estado presente en la gestión de las mismas.
Oponerse como jerarquía católica a
un avance tan significativo de la protección social, no solo se nos
antoja como un intento de descalificar al actual gobierno progresista
frente a otras opciones conservadoras, extremo que un portavoz de la
Iglesia no puede hacer por mucho que le puedan atraer sus veleidades,
sino que contradice el Evangelio de Jesús, situándose en la
indiferencia por el ser humano vulnerable que sufre y, por tanto, en
el lado “equivocado” de la parábola del Samaritano.
En consecuencia, la Coordinadora de
Redes Cristianas, en su reunión virtual del sábado 25 de abril, ha
decidido rechazar enérgicamente las declaraciones de Luis Argüello
y pedirle que de inmediato, él o sus superiores jerárquicos de la
CEE, hagan una rectificación consistente y sincera para evitar que
la Iglesia Católica española se sitúe fuera de los movimientos
sociales, muchos de ellos cristianos, que demandan una salida de la
crisis en clave de justicia social y contra la desigualdad.
Nos unimos con este llamamiento a las
manifestaciones de las CCP de Andalucía, cuyo contenido compartimos,
si bien entendemos que la denominada Renta Básica Universal, sin
duda el horizonte de futuro de nuestras aspiraciones, exige todavía
un estudio más riguroso para hacerla plenamente viable en términos
económicos.
Por todo ello, la defensa del actual
Ingreso Mínimo Vital se hace más acuciante y, para los que nos
denominamos cristianos e intentamos sinceramente seguir a Jesús, tal
vez un test para saber dónde realmente estamos en ese camino o,
dicho de otra manera, si nos creemos realmente lo de la Iglesia de
los pobres y, en definitiva, qué papel queremos jugar en la parábola
del Samaritano.
Y elegir siempre nos deja, para bien o
para mal, descubiertos.
Madrid 29 de abril de 2020
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